Si el Monasterio de Sigena fue declarado monumento
Nacional en 1923, muchos nos preguntamos cómo se llegó a vender su patrimonio.
Pero también nos preguntamos de donde eran hijas las religiosas que lo
vendieron. Lo que les dijeron a las monjas para arrancar esas compras, cómo se
hicieron y sobre todo la actitud anexionista que subyace con esta actitud del
Gobierno Catalán, ya que si se están quedando con nuestra historia, no extraña
intenten quedarse con parte de nuestro territorio y nuestros bienes. Una
vergüenza.
A todo este proceso, algunos le encuentran una explicación
pues ya es notorio que hay algo que reina gloriosamente en España: la
inseguridad jurídica que entre otras cosas rechaza cada vez más a inversores y
empresas extranjeras. Que con las leyes en la mano sea imposible predecir
las sentencias de nuestros jueces, que para nada sirvan las leyes cuando de
pagar o cobrar se trata, sobre todo la administración pública, y cuando una
"sentencia" puede tardar hasta catorce años (14 años ha tardado el
Constitucional) en darse… entonces es que nuestro país tiene la triple XXX y
solo quieren venir las mafias italianas y chinas.
Inseguridad. Pero ¿cabe algo peor? Pues sí, lamentablemente.
Cuando estamos en un país donde ni siquiera el lenguaje es común o racional, y
no me refiero a los idiomas cooficiales. Estos días se habla de la sentencia
del tribunal constitucional sobre los bienes de Sigena tras catorce años de
deliberación. Pues bien, ni es sentencia, ni es tribunal… ni es justicia.
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