Anabel Lasheras Meavilla, que forma parte del patronato de las fundaciones Mujeres Felices y Castillo de Loarre, desarrolla la RSC del Grupo Mémora en Aragón.

Profesora de educación especial, realiza desde 1992 una intensa actividad en la puesta en valor del medio rural. Senadora por Huesca y Portavoz de la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales en la VII Legislatura, dirigió la asociación AFAMMER en Aragón durante 15 años. De 2008 a 2011 fue Directora General de Desarrollo Sostenible y Biodiversidad, en el Gobierno de Aragón. En 2012 puso en marcha la Fundación Paraíso. Es una gran defensora de los derechos de la mujer. Ha presidido desde 2005 a 2015 la Asociación de Amigos del Castillo de Loarre. Ha sido también Consejera General de IberCaja en representación de la Comunidad Autónoma de Aragón.

28 abr. 2011

La lista más votada

La regla por la que consciente y deliberadamente se optó al establecer nuestro sistema electoral no es que gobierne la lista más votada, sino el candidato electo que resulte más votado en una sesión de investidura. Son los diputados los que invisten al presidente y los concejales los que invisten al alcalde. Esto no fue un capricho, sino una opción expresa de entre varias posibles. Defender ahora que sea por principio la lista más votada la que gobierne sería algo así como propugnar que el trofeo de la liga de fútbol se entregue al equipo que más goles ha marcado, y no el que más puntos ha obtenido. Los goles marcados es un dato interesante, pero la regla definidora del vencedor es otra. Se puede cambiar, por supuesto, pero nunca a mitad de partida.


Los acuerdos entre grupos para designar al alcalde tienen mala prensa. Se suele pensar en cambalaches o componendas políticas a espaldas de los ciudadanos. A veces, es verdad, para gobernar se necesita el apoyo de uno o dos concejales de un partido que ponen un precio muy alto a su apoyo. Algo funciona mal en este caso, y es normal que el más votado que se ve en la oposición procure denunciar un pacto que no viene motivado por el mejor gobierno de la ciudad ni por una razonable interpretación de la voluntad expresada en las urnas, sino por el interés de quienes suscriben el pacto.


Pero no es sólo que los pactos postelectorales sean “legales”: es que son, en sí mismos, legítimos, e incluso, en la mayoría de las ocasiones, la mejor manera de reflejar la auténtica voluntad popular. Así será, en los casos en que el partido de apoyo se encuentre ideológicamente muy alejado del partido más votado, de tal modo que sea razonable suponer que los ciudadanos que votaron al minoritario reclamarían a sus representantes que no apoyasen al de la lista más votada. También es cierto que puede ser reflejo de un deseo de “centrar políticas” y que excepcionalmente, en los casos en que un partido ha gobernado con mayoría absoluta durante muchos años y la pierde, el resto pudieran unirse para forzar un saludable cambio de ocupantes de las instituciones: a veces las pinzas pueden ser la expresión de una voluntad de cambio.


El asunto suele ser más turbio cuando el concejal que falta lo puede suministrar un grupo desideologizado que durante la campaña no ha dicho con claridad a cuál de los mayoritarios apoyará en caso de que necesiten su apoyo para gobernar. Es casi seguro que ese concejal imprescindible se convierta en el protagonista, y que lejos de unirse en fecunda simbiosis con el partido al que apoya, lo vampirice y lo arrastre, consigo mismo, a un desastre electoral en la siguiente convocatoria.


Estas distorsiones del sistema no son deseables, pero la alternativa no puede ser, a mi juicio, el simplificador automatismo de la lista más votada. Si se quisiera optar, en una serena reflexión, por disminuir o ajustar el desproporcionado poder de los partidos desideologizados que se alimentan de las coyunturas en que resultan matemáticamente decisivos, el único sistema justo sería el de elecciones en segunda vuelta “a la francesa”: los dos candidatos más votados pasan a una segunda vuelta en la que todos se pronuncian sobre a cuál de los dos quieren como alcalde o presidente. En escenarios autonómicos tan complicados como Canarias, Navarra o Baleares, sería clarificador.
Pero mi impresión es que en la mayoría de los casos el resultado final no iba a ser muy distinto al que se deriva de los pactos, además de ser muy costoso.

La regla de la lista más votada no es más democrática ni más limpia que la posibilidad de pactos entre fuerzas políticas capaces de conformar una mayoría. Los pactos son política, son complejidad, son equilibrios y contrapesos, y no simple cambalache. Y su coherencia acaba siendo juzgada por los ciudadanos en la siguiente convocatoria electoral, y ahí está la garantía frente a los pactos insólitos. Si el pacto no está fundamentado en contenidos y sólo persigue un reparto del poder, si no han permitido un buen gobierno sino que han supuesto una gestión descuartizada de las diferentes áreas de la política, la oposición puede ir frotándose las manos, porque lo normal será que en la siguiente convocatoria alcance una mayoría absoluta. Si, en cambio, son pactos con contenido entre fuerzas llamadas a entenderse, entonces la oposición, aunque haya sido la lista más votada, tiene motivos para preocuparse, porque es más importante no ser rechazado por más de la mitad de los electores que ser la lista más votada. Razón por la que no siempre es rentable la estrategia de agotar los propios caladeros electorales calentando a la afición, y conviene más bien proponer políticas capaces de suscitar pactos y consensos. De poco sirve el entusiasmo de una mayoría relativa si provoca el rechazo de una mayoría absoluta.

Bookmark and Share

Archivo

Seguirme por email