"Una legislatura, puede que incluso todo un ciclo,
parece llegar a su fin, y en la escena política se registran los clásicos
movimientos: seleccionar candidatos, actualizar programas, calentar la
precampaña. Las encuestas pintan mal para el Gobierno de Zapatero, y aunque en
un año pueden pasar muchas cosas, los avispados empiezan a buscar una salida
digna. Se ve a altos cargos de la Administración, de empresas públicas o de los
Cuerpos de Seguridad, soltar las amarras de sus puestos y buscar acomodo en el
sector privado o en otros destinos más seguros (y, en ocasiones, mejor
retribuidos: un comisario de la Policía Nacional, destacado en alguna de
nuestras embajadas, cobra más de 20.000 euros al mes). Nadie en sus cabales
quiere permanecer quieto en un barco que se hunde.
En las filas de los partidos de oposición, que confían en
acceder al poder, se observan maniobras de signo contrario. Se elaboran
quinielas para la asignación de esos puestos a afiliados y simpatizantes. Hay
excitación y nervios, pues todos quieren estar bien situados cuando llegue el
momento de repartir el botín. En pasillos y despachos resuena el viejo '¿Qué
hay de lo mío?'.
Me llega en estos días la noticia del cumpleaños del
periodista alemán Dieter Vogel. Por tratarse de una edad redonda, ochenta, lo
han celebrado por todo lo alto. Resulta aleccionador echar un vistazo a su
trayectoria profesional. Después de brillar en la prensa, dio el salto a la
política y trabajó como portavoz de diversos ministros de sucesivos gobiernos
alemanes, con una peculiaridad: pertenecían a todos los partidos políticos
-democristianos, socialistas, liberales-. Esta segunda carrera culminó con su
nombramiento como portavoz del Gobierno, durante el mandato de Kohl.
Una trayectoria así sería impensable en nuestro país. Por el
contrario, el caso de Vogel ni siquiera constituye una excepción en Alemania,
donde los cambios en el Ejecutivo no afectan a la Administración, ni siquiera a
los altos cargos: directores generales o incluso secretarios de Estado siguen
en sus puestos sea cual sea el resultado electoral. Se entiende que la
Administración es técnica, no política, y así puede trabajar con eficacia y sin
sobresaltos.
En España seguimos confundiendo soberanía con propiedad, al
estilo feudal: los organismos públicos como finca particular o como un cortijo
privado, larguísimos pesebres para dar de comer a parientes, amistades,
compinches y militantes. El Estatuto de la Función Pública todavía impone algo
de respeto, y las plantillas no son flexibles de modo ilimitado, por lo que si
no hay hueco legal, se nombran cientos o miles de asesores personales. Cuando
termina la legislatura y se intuye un cambio de Gobierno, hay que convertirlos
en funcionarios a toda prisa, aunque sea en plan ilegal.
Así va creciendo de forma desmesurada el sector público,
hasta convertirse en una especie de cáncer. Tanto el régimen autonómico como el
sistema municipal favorecen esta dinámica, al duplicar o incluso triplicar
algunos servicios. La complicación burocrática se convierte en un freno añadido
a nuestra (ya de por sí) bajísima productividad. Urge poner fin a este proceso.
Tal vez un efecto positivo de esta crisis pueda ser que se acepte una cirugía
inimaginable en tiempos de bonanza. Aun así, se requerirá fortaleza y altura de
miras por parte de la clase política, y está por ver que nuestros gobernantes
vayan a ser capaces de aplicar esos remedios tan necesarios como
impopulares".
(De Alejandro Navas, publicado el 20-2-11 en el Diario Vasco: me parece muy claro y causa de envidia a los alemanes)
